La Marea Verde exige la despenalización del aborto en Ecuador


La Marea Verde exige la despenalización del aborto en Ecuador

La estructura silente de la Corte Constitucional (CC) del Ecuador, en el norte de Quito, se quebró y comenzó a teñirse de verde. Eran las 09:00 de un martes histórico -10 de noviembre del 2020- y las mujeres se convocaron, con mascarilla en el rostro y sus voces ardientes, para encender sus tambores y plantarse ante al Estado para exigir la despenalización del aborto en casos de violación.

La Marea Verde no para por las 14 niñas que quedan embarazadas cada día en Ecuador.
Siete de ellas son forzadas a la maternidad y siete, en cambio, son sometidas a abortos inseguros.

Ellas acompañaron a las organizaciones Surkuna, Amazon Frontlines, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y el Movimiento de Mujeres de El Oro -que centran su labor en la defensa de los derechos de las mujeres- para presentar una acción de inconstitucionalidad al numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que establece que el acceso al aborto no es punible si el embarazo es consecuencia de violación a una mujer con discapacidad mental.

El recurso legal, que se convierte en el tercero interpuesto por colectivos sociales, tiene un objetivo claro: que la Corte conozca y resuelva, de forma prioritaria, la normativa que criminaliza el aborto en casos de violación e incesto.

Ha pasado casi un año desde que la Corte decidió no pronunciarse sobre la despenalización del aborto y no dar paso a la objeción que presentó el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, a la transitoria segunda de la reforma al COIP. después de que la Asamblea Nacional dispuso no ampliar las causales de aborto en Ecuador.

El 27 de noviembre del 2019, los magistrados de la Corte dijeron: “Si el Presidente de la República consideraba que la actual prohibición penal del aborto en casos de violación es inconstitucional, pudo o bien puede presentar a la Asamblea un proyecto de ley para despenalizarlo o bien presentar ante esta Corte una demanda de inconstitucionalidad al numeral dos del artículo 150 del COIP”.

El Estado ecuatoriano se ha mantenido en el silencio frente al vacío del acceso al aborto seguro en un país en el que 14 niñas -menores de 15 años- quedan embarazadas cada día. Siete son obligadas a asumir una maternidad forzada -producto de una violación sexual- y siete tienen que recurrir a abortos inseguros, peligrosos.

La falta de acción del Gobierno ecuatoriano ante los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes está en la mira internacional. En julio de este 2020, dos informes de la Relatoría de la Organización de las Naciones Unidas se hicieron públicos. En los documentos se recomendó que la despenalización del aborto en casos de violación sea una realidad en Ecuador.

El Relator Especial de Salud, Dainius Puras, que visitó el país en septiembre del 2019 escribió que el derecho a la salud debería promoverse y protegerse, no solamente brindando acceso a los servicios, suministros e instalaciones de atención de la salud, que deben estar disponibles, ser asequibles, apropiados y de buena calidad, sino que el Estado debe consolidar y aplicar programas intersectoriales que traten los factores socioeconómicos, culturales y ambientales. Las políticas, afirmó, deberían estar direccionadas hacia los derechos humanos con cinco principios: igualdad, no discrimación, participación, empoderamiento y rendición de cuentas.

La Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer, Dubravka Šimonović, anotó que el Gobierno central debería derogar los artículos 149 y 150 del COIP -vigente desde agosto de 2014- para evitar que se criminalice a las mujeres y niñas que se practiquen un aborto o contra los profesionales de la salud habilitados y cualquier otra persona que preste los servicios y ayude a cumplir el procedimiento.

Pero hay silencio y, en tiempos de covid-19, la situación para las mujeres se vuelve aún más violenta.

Ana Vera, directora ejecutiva de Surkuna, Silvia Bonilla, presidenta de la CEDHU, y Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador, subían las gradas de la Corte para ingresar la acción de inconstitucionalidad mientras un grupo de policías cercaba la entrada. Cuando lo lograron, los tambores retumbaron y la música convertía al espacio en una zona de unión feminista.

Las organizaciones Surkuna, Amazon Frontlines, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y el Movimiento de Mujeres de El Oro, que centran su labor en la defensa de los derechos de las mujeres, presentaron la acción de inconstitucionalidad para que la Corte se pronuncie sobre la normativa que criminaliza a las mujeres por abortar en caso de violación.

Ana fue contundente y señaló con firmeza: “Esta Corte tiene la obligación de conocer esta demanda porque hay una necesidad urgente de protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes que todos los días se ven expuestas ante la penalización del aborto arriesgando su vida y su integridad en procesos inseguros o a una la maternidad forzada que es una forma de tortura reconocida tanto por Comités Internacionales de Derechos Humanos como por Relatores de Derechos Humanos. Lo que está en juego son los derechos a la salud y vida digna de estas mujeres”.  Y lo dice en una nación en el que, según indicó, el 25 % de mujeres ha sido víctimas de violencia sexual.

Organizaciones feministas colocaron pañuelos verdes en las inmediaciones de la Corte Constitucional del Ecuador, en el norte de Quito, como acto simbólico por la lucha para que la despenalización del aborto en casos de violación sea una realidad. La intervención se replicó en Machala, Loja, Ambato, Lago Agrio, Guayaquil, Cuenca, Esmeraldas y Galápagos.

La acción de inconstitucionalidad también solicita la garantía de protección reforzada a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, una deuda que mantiene el Estado con las mujeres que tienen derecho a no ser revictimizadas y recibir reparación integral.

El recurso legal, además, solicita dos medidas cautelares mientras la Corte decida pronunciarse: la suspensión de todos los procesos penales contra mujeres que se han practicado un aborto por violación y la garantía de prestación de servicios del procedimiento para todas las mujeres, niñas y adolescentes y personas con capacidad de abortar. Si las medidas son aceptadas por los magistrados, deberán aplicarse de forma inmediata.

Después de presentar la acción, Ana indicó que, de ser aprobada, debe conocerse inmediatamente este 2020 o durante el primer trimestre de 2021.

Ecuador es un país en el que 925 mujeres han sido criminalizadas por abortar entre 2014 y 2019; 425 han sido penalizadas, juzgadas y revictimizadas en las cárceles.

La Marea Verde en Ecuador grita por ellas y por las cientos de mujeres, adolescentes y niñas que son obligadas a cumplir con una maternidad forzada. El camino aún es largo pero las mujeres no se detienen, no paran; se levantan, cantan y luchan. La Marea Verde es la rebelión feminista de los presentes y los logros futuros.

#DecidirEsMiDerecho” es la consigna que une al movimiento feminista en Ecuador para exigir la despenalización del aborto.
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