¿Quién atiende el suicidio en Quito?

Un recorrido sobre este fenómeno social y problema de salud pública, su contexto y las opciones existentes.


Evelyn Quezada. Foto: Gabriela Toro.

La siguiente historia tiene información que puede alterar a algunas personas. Recomendamos precaución.

Está ahí y no lo vemos

Evelyn Quezada me recibe en la casa de su novio. Ahí, como en su casa, hay perros y perras, juguetonas y bulliciosas. Hace tres años le diagnosticaron un trastorno afectivo en el consultorio de un psiquiatra del Hospital Carlos Andrade Marín. Ese mismo día, en noviembre del 2016, recuerda que fue un sábado después del trabajo, también fue derivada a una clínica especializada psiquiátrica para evitar que se suicide.

En la sala, entre el olor del refrito y el sonido de platos, ollas y tapas que vienen y van, le explica a la mamá de su novio por qué estoy ahí: “es reportera…, le estaba contando de mi trastorno”. Las personas ahí son amables y parece que la entrevista fuera una reunión de trabajo, “me gusta mucho hablar de esto”, dice Evelyn. Esta ingeniera en gestión turística y preservación ambiental no titubea, mira a los ojos y continúa hablando. A sus 29 años tiene dos hijos, el tiempo de su crianza los distribuye con los padres de los niños; algo que ha logrado poco a poco después del mes de internamiento que pasó en la clínica. Un mes revelador: fue desde ese día que su madre y su hermano supieron de sus sufrimientos y el diagnóstico, conocieron la situación violenta que ella vivía con su ex pareja de ese entonces, en el trabajo le dieron licencia y sus compañeros también lo supieron. Todo cambió.

El “acto de matarse a sí mismo” (definición del diccionario de María Moliner) atraviesa toda la historia de cualquier sociedad, tanto así que es objeto de estudios filosóficos, antropológicos, sociológicos, demográficos, culturales y médicos: la percepción de cada cultura sobre el suicidio ha variado a lo largo del tiempo, así como sus condicionantes. El pensador español Ramón Andrés dice de este “hecho crucial” –como él lo llama– en su libro ‘Semper Dolens. Historia del suicidio en Occidente’ (2015): que “Se trata de una contradictoria conciliación con el mundo, con el mundo que el ser humano pergeña y calcula y, todavía más, que cree dominar a través de la propia muerte.” Muy cerca de este esbozo está lo dicho por el antropólogo Edgar Morin en ‘El hombre y la muerte’ (2003): el suicidio “es la suprema y desesperada reconciliación con el mundo”.

Todas las especialistas entrevistadas para este reportaje –una investigadora y doctora en psicología y antropología, una psicóloga clínica y psicoanalista, un psicólogo clínico y representante de su gremio– apuntan con insistencia y claridad: en el fondo las personas que consumaron este acto no veían otra alternativa. Lorena Campo (investigadora): “mirada de túnel”, no poder ver alrededor; Gabriela Salazar (psicoanalista): “aparato psíquico que no puede sostenerse en nada”, hay una sensación de vacío inmensa; Peter Sanipatín (psicólogo clínico): “está buscando sostenerse de una mano y que todos nos demos la vuelta frente a ello”.

El suicidio está ahí y no lo vemos, el 2018 fueron 1.205 personas las que se dieron muerte, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Los estudios especializados en este fenómeno social y problema de salud pública señalan que en cada suicidio consumado hay muchas personas afectadas: además de quien lo hizo están todos los seres queridos de su entorno. Si el dolor de esa pérdida no es elaborado adecuadamente, este es un riesgo a su salud integral; entre algunos efectos puede haber: sufrimientos prolongados, episodios depresivos, y otros intentos de suicidio.

Evelyn no entra en esas estadísticas, ni en las recogidas por el Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA) y la Plataforma de Registro en Atenciones de Salud (PRAS); sistemas que han llevado la cuenta de los intentos de suicidio según su autoidentificación étnica, nacionalidad y pueblo. Estos serían los únicos datos sobre supervivientes: aquellas personas que lo intentan –y no lo consuman–, y quienes pierden a un ser querido. Evelyn es mestiza.

En el caso específico de los datos recopilados por el RDACAA y la PRAS, de los 263 intentos –entre 21 categorías de autoidentificación étnica– en el 2018 hubo más agresiones contra sí mismos entre personas indígenas de nacionalidad kichwa sin especificar su pueblo (17%), indígenas sin una nacionalidad ni pueblo especificado (13%), del pueblo montubio (12%), blancos (10%), del pueblo afroecuatoriano (9,5%) e indígenas shuar (9,5%).

Si bien la referencia internacional es que por cada persona que consuma un suicidio hay veinte que lo intentan, no se puede generalizar que eso aplique al Ecuador por la falta de datos entre la población mestiza; además de que tampoco hay desagregación de la población extranjera residente o en situación de movilidad. De hecho, en el ‘Manual de capacitación para cuidadores comunitarios’ (2019) del Ministerio de Salud Pública, que recoge esas cifras, se menciona que no hay datos de suicidios consumados por autoidentificación étnica y que “es necesario trabajar en los instrumentos de recolección de información…”. El vacío también está sobre la población LGBTTI: sabemos que hay supervivientes y que hay suicidios consumados pero no se conoce cuántos, ni los factores de mayor influencia, ni el impacto en sus entornos.

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud recomienda que en los planes de prevención se incluya el seguimiento y el apoyo a supervivientes. Una posibilidad de eso, y de otras acciones, sería el proyecto de Ley Orgánica del Sistema de Prevención del Suicidio, que fue presentado este 10 de septiembre en la sesión 619 de la Asamblea Nacional.

Esa tarde no estuvieron el presidente de la Asamblea, César Litardo, ni la mayoría de algunos partidos políticos. Se cambió el orden del día dos veces, y a las seis y media de la tarde –tres horas después de iniciada la sesión– intervino el Viceministro de Atención Integral en Salud, Julio López. Lo suyo fue exponer los datos recogidos por el MSP, INEC y el Centro de Información de Envenenamiento (CIATOX); y contar cuáles serían los planes del Ministerio de Salud para esta ley, pues se contempla que sea el ente que presida el sistema de prevención.

Quizá fueron 93 asambleístas –de 137– los que estaban en el pleno y fueron muchos menos los que pusieron atención a las comparecencias de López y de Peter Sanipatín, presidente del Colegio de Psicólogos Clínicos de Pichincha; quien inició su intervención con los nombres de dos hombres que el 7 y 8 de septiembre se suicidaron en Manabí. El psicólogo clínico y representante gremial expuso información general sobre el fenómeno: su etimología, la preocupación sobre la población más vulnerable –la niñez y adolescencia–, la necesidad de la ley, la falta de capacitación, y el miedo social alrededor del fenómeno. Como cuatro voces de la bancada correísta se pronunciaron favorablemente a la ley y el tema no quedó en nada más: otros temas, como declarar el día nacional de la carne, llamaron más la atención de todos los partidos y asambleístas independientes. La sesión siguió suspendida hasta el cierre de este trabajo.

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Evelyn Quezada en su casa. Foto: Gabriela Toro.

Cada 10 de octubre se conmemora el Día mundial de la Salud Mental, y este año la OMS decidió enfocarse en la prevención del suicidio, aunque el 10 de septiembre es su fecha exclusiva. Esa fue la razón de la presentación de la ley y de una feria de salud mental en el Hall de la Asamblea; ahí también hubo poca gente. Las exposiciones de voceras del Colegio de Psicólogos Clínicos de Pichincha y Tungurahua, médicos y psiquiatras del Centro de Atención Ambulatoria Especializado San Lázaro, y psicólogas y otro personal de Centros de Salud del Distrito 4 fueron escuchadas por empleadas y empleados de la Asamblea, trabajadores de servicios generales y un par de policías que observaban con recelo. Antes del “público general” algunos asambleístas se tomaron fotos por ese 10 de septiembre y las subieron a Twitter. También habló Lira Villalba, la asambleísta promotora de la ley, frente a un reducido grupo.

En el discurso de la política Villalba, en las exposiciones de la feria sobre mitos y estigmas alrededor del suicidio, y en las comparecencias de Sanipatín y López hay algo que se repite: el suicidio se debe a muchas causas y lo atraviesan muchos factores. Pero nadie alcanza a decir porqué; el tema tiene su complejidad y afecta a poblaciones muy diversas y de maneras distintas, tanto así que la intención de explicar los puntos comunes del fenómeno también implica el riesgo de generalizarlo –algo que podría suceder con este especial–. Aquí hay otra coincidencia: todas las especialistas consultadas insisten en señalar que cada historia es única.

Ecuador lo considera un problema de salud pública pero no hay investigaciones públicas de ningún tipo; las que hay parten de esfuerzos académicos (en especial de universitarios y universitarias de ramas médicas y sociales) o de iniciativas individuales como la de Lorena Campo, investigadora, psicóloga clínica y antropóloga. Para ella es evidente que por la falta de una política pública no existe un presupuesto destinado –entre otras prioridades– al estudio del suicidio en Ecuador. Sin embargo, es enfática al decir que las estadísticas sirven para visibilizar y que se han depurado desde el 2012; lo que también señaló el viceministro López en su comparecencia del 10 de septiembre: “antes (el suicidio) se catalogaba como un acto de intención no determinada” y ahora se registra como una agresión autolítica intencional. Con más estudios se podría saber porqué es la segunda causa de muertes generales desde los 10 a los 19 años y la tercera para mujeres y hombres de 20 a 30 años.

En la historia de Evelyn no hubo un solo intento, sino algunos y desde sus once años; pese a que lo más frecuente han sido las ideaciones. El ambiente familiar –hasta que su padre dejó la casa– fue muy conflictivo: hubo violencia intrafamiliar y su padre no siguió un tratamiento psicológico ni psiquiátrico pese a que le diagnosticaron esquizofrenia; en la casa del papá –cuando era niño– también hubo mucha violencia. En la escuela y el colegio tenía buenas amistades pero también tuvo problemas fuertes con otros compañeros, algo que se repitió en un par de trabajos. Me cuenta que la *hostilidad y el acoso* no eran permanentes pero sí sucedían a menudo.

Cuando se quedó embarazada a los 16 años de su primer hijo tuvo que enfrentar el estigma de la maternidad adolescente, recuerda que tuvo un episodio depresivo intenso. “Yo no salí de mi casa todas las vacaciones porque ‘qué dirá el barrio’… el tema de lo que piensa la gente es lo que a uno en realidad le afecta más”. También había dejado la danza, que es una de sus pasiones. Dice que desde los 20 años va a terapia, y que en ese trayecto tuvo experiencias acogedoras y éticas, como la del psicólogo que pidió interconsulta con el psiquiatra que le diagnosticó el trastorno. Y otras que no fueron de ayuda porque pudieron evitar a tiempo más conflictos alrededor de ella, en especial en la relación tóxica con el padre de su segundo hijo: un niño de cuatro años que pasea bullicioso con sus juguetes por la sala, la habitación y el taller de su madre.

De qué sirven los datos

Los números que tiene Ecuador sobre el suicidio se afinan poco a poco desde 2012, como señala Lorena Campo y el viceministro. Lo más alarmante de esas cifras recopiladas es la incidencia en niñas, niños y adolescentes, y en jóvenes adultos y adultas; en especial desde 2008 hasta este año. Llama la atención que apenas desde 2007 el MSP empezó a hacer público el problema en su reporte de Indicadores Básicos de Salud de ese año, como señala la investigadora Andrea Betancourt en un estudio de FLACSO del 2008.

Recordemos: de 10 a 19 años es la segunda causa de muerte general; y de 20 a 30 años la tercera causa. Es gente muy joven, quizá de tu edad, lectora y lector, personas que usan medios virtuales, nacidas en este país que navega crisis económicas, desastres naturales, injusticia social, impunidad en todo tipo de delitos, empobrecimiento y precarización; y también, por qué no, quizá algunas comodidades ganadas a costa de la migración u otras circunstancias.

Lo cierto es que no se sabe con precisión porqué niñas, niños, adolescentes y jóvenes adultos se dan muerte. En la comparecencia en la Asamblea, el viceministro López mostró que de enero a abril de este año el 55% de las llamadas al Centro de Atención Telefónica por Intoxicaciones –el segundo método más frecuente después del ahorcamiento– fue por conflictos familiares, 17% por problemas sentimentales, 4% por depresión diagnosticada, 2% problemas escolares, 1% abuso sexual y 1% violencia intrafamiliar. La muestra es pequeña. Además, muchas personas no llaman al Centro o no conocen su número (ver Infografía). Y ahora se sabe que el abuso sexual en Ecuador ocurre sobre todo en el círculo familiar. Aún así esos datos son muy útiles: algo está pasando en los entornos más cercanos.

La investigadora Campo –también coordinadora del curso avanzado “Suicidio en Ecuador: un análisis desde los derechos humanos” en la Universidad Andina Simón Bolívar– dice que se debe manejar con cuidado las cifras porque son interpretables. Además de la reciente depuración, el tabú genera malos registros, y hay suicidios que pasan por accidentes –estos pueden ser difíciles de determinar en niños y niñas muy pequeñas, o el exceso de alcohol y drogas en personas con consumo no conflictivo–.

Por ejemplo, Evelyn dice que la relación tóxica con esa ex pareja sí fue un detonante que provocó en ella las ideaciones suicidas y en un momento determinado la acercó a una posible intoxicación mortal. En el internamiento junto a su madre y hermano hicieron una revisión psicogenealógica, conversaban de “qué pasaba con la familia materna, con la familia paterna…, y obviamente salió el historial de trastornos mentales en la familia paterna”. Con una voz más alta, un poco indignada, y abriendo más los ojos cuenta que recién ahí se enteró de esos padecimientos psíquicos y que también influían en todo su proceso. Por eso ahora sus hijos ya saben de los cambios anímicos de su madre, de la medicación, y considera que “cuando sea necesario” los llevará a terapia, pero que “todos deberían ir”.

Trastornos mentales: sí, pero no siempre

En efecto, los padecimientos mentales (depresiones, ansiedades, bipolaridad diagnosticadas por un profesional de la salud mental, así como esquizofrenias y otros trastornos) son parte de los factores que exponen a una persona a las ideaciones e intentos de suicidio. Está muy documentado y no hay duda de ello, “pero no se puede generalizar a partir de los casos psiquiátricos”, dice Lorena Campo. Por su lado, la psicoanalista Gabriela Salazar es enfática en que los profesionales deberían distinguir claramente entre “un suicidio por depresión y uno por psicosis”.

Otro punto: Lorena Campo, señala que muchas de las investigaciones sobre la relación de los trastornos mentales y el suicidio es realizado con ‘población cautiva’ (personas que están en instituciones psiquiátricas), porque es más fácil que encontrar la participación de la población en general. “Eso sesga las investigaciones porque estás estudiando solo con un tipo de población, ¿y el resto? Eso generaliza los datos y además los descontextualiza”, apunta.

Además, la gran mayoría de gobiernos a nivel mundial no está financiando las investigaciones sobre este fenómeno –contrario a una de las recomendaciones de la OMS para la prevención como política pública–; lo que sí están haciendo las farmacéuticas, por su gran poder económico, y desde un enfoque psiquiátrico. Para Campo de ahí viene la tendencia difundida –e iniciada en el norte global– de que “el 90% de las personas que consumaron suicidios tenían trastornos mentales”. A lo largo de este trabajo encontré esa aseveración pero en los portales y folletos que circula no se especifica cómo llegaron a esa conclusión, y menos si se basa en un diagnóstico.

Es importante no pensar en el suicidio como una enfermedad, a decir de Campo así “se corre el riesgo de tomar(lo) como un factor para medicalizar”. Cuando tenía 20 años, Francisco (nombre protegido), ahora de 34, fue llevado por sus padres a un hospital religioso porque intentó suicidarse. Ese mismo día tuvo su primera sesión con el psiquiatra y lo medicaron con psicofármacos (algo que sí se contempla en algunos protocolos para una intervención en crisis pero la continuidad debe ser evaluada según el proceso del paciente, sus observaciones y las de los especialistas). En una entrevista telefónica me cuenta que lo trataron mal. Le decían: “no piensas en el sufrimiento que le estás causando a tu familia, cómo les puedes hacer esto”. “Los meses que siguieron fue un infierno para mí… pese a que me sentía sedado no estaba tranquilo”, continúa. Las pocas sesiones con el psiquiatra fueron en presencia de sus padres –esto lo hizo sentir muy incómodo–, y no se dirigía a él mientras hablaba de lo que creía le hacía mal: no creer en dios. La medicación estaba planificada para algunos meses y su proceso no estuvo acompañado por un psicoterapeuta. A Francisco no le han diagnosticado un trastorno mental.

Érase una vez en 1999

La primera investigación de Lorena Campo inició en el 2008. Una serie de suicidios en Lloa restó una parte de la población más joven de esta pequeña parroquia rural, al suroccidente de Quito y en las faldas del volcán Guagua Pichincha. En ‘La cadena de los suicidas. Relatos de vida y muerte en un valle de Quito’ –ensayo publicado en 2017– se muestra que esos chicos y chicas se encontraban entre dos mundos. La ciudad que bullía con sus problemas –por ejemplo, las pandillas–; sus expectativas –educación secundaria y universitaria, un trabajo que no sea del campo–; y su valle silencioso, cercano al volcán, visitado en temporada turística. Ese mundo rural, de sus abuelos; versus su mundo adolescente y joven, sin un eslabón: algunos vieron partir a sus padres a otros países a partir de la ola migratoria de 1999. Un pasado y un presente desconectados por cambios abruptos en la manera de vivir: el Feriado Bancario, la “muerte” del sucre como moneda nacional, la dolarización, y una serie de medidas con un gran impacto para el país, en especial económico y psicosocial.

La migración forzada, “por los desplazamientos que existen, los desarraigos”, en palabras de Campo, también está entre los factores de riesgo que hacen más vulnerable a una persona al suicidio, así lo señala la OMS. También lo son otro tipo de desplazamientos forzados, conflictos sociales, armados, y genocidios.

Esos chicos y chicas de Lloa, como los 268 (de 10 a 19 años) que el año pasado se dieron muerte, eran adolescentes o muy jóvenes. Atravesaban etapas de la vida “de una fragilidad gigantesca”, como dice la psicoanalista Gabriela Salazar, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional (IPA por sus siglas en inglés). Salazar explica que ese paso de dejar la niñez y entrar a un estado puberal genera “una crisis enorme a nivel psíquico”, algo que nos sucede a todas las personas: cambian los hábitos, los gustos, el cuerpo, las hormonas explotan. “Si a eso le sumas que hay una falta de contención total, de la propia familia, del medio social, de la escuela, donde no hay referentes claros que te sostengan y te contengan, estás como botado en medio del mar, sin bote y sin boya”, cuenta.

Desolación y abandono. Como en la serie ‘Mejor no hablar de los niños suicidas’ de Paúl Navarrete (1983-2014), que en abril del 2014 ganó el premio Fotoperiodismo por la Paz. “Todavía hay cosas que como país debemos sanar y aceptar porque detrás de todas las remesas que nos trajeron los emigrantes están familias destruidas, casas abandonadas, gente endeudada, desaparecidos, adolescentes embarazadas y, en este caso específico de los niños de Chunchi, mucha soledad e incomprensión”, son las palabras del fotógrafo en su presentación en el sitio web del premio. Chunchi queda al sur de Chimborazo, una de las provincias con mayor cantidad de migrantes; como Cañar, Azuay, Tungurahua, Loja, Pichincha y Guayas.

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Cortesía: Familia de Paúl Navarrete y Premio Fotoperiodismo por la Paz.

Todas las fotografías dicen algo: un campo despoblado, casas sin gente, descuido. Pero hay una especial: en el centro está un diploma escolar, insignia de cualquier hogar ecuatoriano que intenta salir de la pobreza. Lo rodean dos fotos. Una instantánea arriba, es una joven que extiende su brazo para alcanzar a la cámara que juega; todos hemos experimentado la felicidad. Abajo, una parte de la familia, quizá un retrato grupal fuera de casa, parece el recuerdo de un paseo o un viaje; siempre hay un afuera, un desprenderse o una partida. El testigo de estas memorias, sonrisas y sueños es un rosario, tal vez de esos que brillan en la oscuridad; objeto que recuerda la fe, que a veces es esperanza. El nivel de simbolismo captado respetuosamente por Navarrete es estético, múltiple y triste.

En Lloa, Chunchi, o en cualquier ciudad ecuatoriana, muchos crecieron solos en un mundo que cambiaría rápido con la economía global y la tecnología. Con unos referentes pasados que ya no funcionaban, con un presente incierto que nunca fue acogedor. “No se identifican con las generaciones pasadas, con las cosas que hacen, sus comportamientos, y luego se comparan con otras personas…, pero tampoco son ellos. Eso provoca una crisis”, dice Lorena Campo de estos chicos y chicas, algo que a su parecer también está sucediendo con hombres y mujeres indígenas jóvenes.

Virtu4lid4d, sustancias y violencia sexual :/

Memes, videos virales, estados de WhatsApp, stickers, etc., etc. Todo lo más rápido que se pueda. Esas y otras maneras de comunicarse les puede parecer abrumador, incomprensible, o insignificante a algunas generaciones que pasan de los 30 años. O no hay interés en comprender porqué están tendiendo así sus redes los más jóvenes y pequeños. Gabriela Salazar y Lorena Campo dicen que no basta con criticar el uso de los medios tecnológicos, ni restringirlos a los chicos. Sus recomendaciones van sobre intentar entender qué les gusta de esos medios y también proponerles actividades recreativas de su gusto: salir con su mascota, a una montaña, propiciarles otro tipo de “encuentros significativos”, como dice Salazar.

También “hay muchísima inmadurez en ser papá hoy”, continúa la psicoanalista, “la contemporaneidad tampoco ayuda, estamos en un mundo de inmediatez, entonces ‘si quiero, tengo’. Ya no estamos acostumbrados a sostener y soportar la frustración”. Una opción para enfrentar esto, a decir de Salazar, puede ser “estar cerca de ellos pero sin invadirlos”, caso contrario “se cierra y se va a quedar más solo, porque te va a expulsar. No va a poder hacer ni lazo con los pares ni con la familia”.

Por otro lado, es una realidad que el consumo de alcohol y drogas cada vez inicia a edades muy cortas. Otro problema de salud pública pero que en números y acciones se lo trata como un tema de criminalidad: una visión incompatible según la experiencia de países como Colombia, Argentina y México. Para algunas especialistas en salud pública el porcentaje de personas con consumo problemático de sustancias es muy reducido respecto al total de consumidores. Aún así, el alcohol, la marihuana, la cocaína, la pasta base, u otras sustancias generan cambios químicos y anímicos que influyen en el comportamiento; y a edades tempranas influyen problemáticamente en la constitución cerebral.

Asumir que cualquier consumo lleva a la dependencia ha traído: expulsiones escolares, diagnósticos erróneos, internamientos forzados, torturas y muertes (este año murieron más de 17 jóvenes en dos centros clandestinos en Guayaquil); circunstancias que ahondan el aislamiento de chicas y chicos. Desconocer cómo abordar cuando un niño, una niña o adolescente consume alcohol u otras sustancias es otra de las barreras sociales para tratar esa problemática de manera adecuada, sin causarles más estragos físicos y emocionales.

El consumo de estas sustancias “no es en sí mismo causa de suicidio”, explica Lorena Campo. “Hay que preguntarse nuevamente: ¿por qué se están relacionando de manera tan cercana con esto?… Los jóvenes están tomando alcohol y drogas por la misma razón que luego piensan en suicidarse”, apunta la investigadora que también es la representante de Ecuador en la Asociación de Suicidología de Latinoamérica y el Caribe. Su más reciente investigación –para la obtención del doctorado en psicología– ‘Impacto del género en los intento de suicidio en Quito’ (2018) apunta un hallazgo interesante, de más de 40 factores que inciden en los intentos de suicidios hay uno solo que afecta en común a mujeres y hombres: el haber sido víctimas de abuso sexual. Aparte de ese, los factores cambiaban de acuerdo al género.

Gabriela Salazar dice que en la raíz de algunos intentos “hay situaciones traumáticas imposibles de elaborar, como violaciones, abusos sexuales permanentes, de años, intrafamiliares, que no se han podido denunciar, y elaborar por lo difícil que es para un niño”.

En julio de este año un reportaje del medio gk.city hizo pública la historia de dos mujeres que en su niñez fueron abusadas y violadas por un instructor de gimnasia en Quito. Luego continuaron con la campaña ‘Seremos las últimas’, y así lograron que se cierre el gimnasio que continuaba funcionando. Además, lanzaron una guía para acompañar a sobrevivientes de violencia sexual y abrieron un grupo de apoyo. Esta metodología también la vivió Evelyn Quezada pero entre los pacientes de la clínica donde estuvo internada: conversaban porqué estaban ahí, sus padecimientos y otros temas. Esa convivencia grupal le dejó experiencias positivas: podía reflejarse en los relatos de sus compañeras y veía nuevas maneras de modificar ciertas conductas.

Como dice María Fernanda Andrade, psicóloga clínica que coordina el grupo dirigido a mujeres adultas sobrevivientes de violencia sexual en la infancia: su objetivo es “encontrarse con personas que han vivido experiencias similares”. Andrade me cuenta que, entre otros eventos, los intentos de suicidio también se conversan en estos grupos, pues suele ser recurrente.

Los días que entrevisto a María Fernanda Andrade, Gabriela Salazar y Lorena Campo coinciden con el 17 de septiembre: el día que la Asamblea Nacional decidió no despenalizar el aborto en casos de violación. Las tres especialistas mencionan el tema y lo preocupante a nivel psíquico de la continuación de los embarazos producto de violencia sexual en niñas. Una de las políticas que votó en contra fue Lira Villalba, asambleísta de la bancada correísta que promueve la Ley Orgánica de Prevención del Suicidio.

Algunas opciones

Hay un sinnúmero de barreras para la atención oportuna. El Manual para capacitadores comunitarios del MSP dice que la principal es la falta de acceso a la atención en salud. Peter Sanipatín, presidente del Colegio de Psicólogos Clínicos de Pichincha, Gabriela Salazar y Lorena Campo –en entrevistas distintas– coinciden en que la situación pública de salud mental en Ecuador es precaria.
No es de conocimiento general la manera de acceder a una cita con una psicóloga pública, eso puede demorar semanas; en el mejor de los casos la o el profesional es ético, no es trasladado a otro centro de salud y puede manejar sesiones de tiempos considerables para el proceso terapéutico. En promedio, una consulta privada en psicoterapeuta está en 40$, cifra elevada e inaccesible para muchos ecuatorianos. Sin embargo, además del sistema público hay iniciativas sin fines de lucro que ofrecen servicios de salud mental o de escucha empática (*Infografía*).

Infografia Datos

Elaboración: Gabriela Toro (datos), La Tecla-R (infografía). Descargar: infografia_datos.

En el gráfico original faltó el número de contacto del Grupo de Apoyo para adultas sobrevivientes de violencia sexual en la infancia: 0993525678

La historia de Evelyn Quezada cruza esos dos panoramas: un psicólogo del sistema público –por estar afiliada al IESS–, gracias a que ella ya iba a terapia pudo detectar sus cambios y pidió interconsulta. El psiquiatra, también de la seguridad social, dio el diagnóstico y pidió el internamiento. La madre y el hermano de Evelyn organizaron el cuidado de sus hijos y de su casa. Ella me cuenta que sin la afiliación no hubiese podido costearse el mes en la clínica psiquiátrica. Ahora, sin un trabajo en relación de dependencia, ella continúa su proceso pero con el sistema privado: con su terapeuta decidieron que las sesiones no sean tan seguidas y ha programado algo similar con el psiquiatra.

El sistema de prevención que contempla la ley sería un instrumento para mejorar los servicios de salud mental existentes, implementar otros nuevos, afinar los registros entre ministerios, capacitar a personal de salud y de rescate; entre otras medidas. Como representante gremial Peter Sanipatín ha estado cerca de la construcción del proceso de ley, desde este 2019. Recientemente se sumó el Colegio de Psicólogos Clínicos de Tungurahua y esperan a que más profesionales de la salud mental y otros especialistas aporten a los debates y las mesas que requiere la discusión del proyecto de ley. Tenerla pronto depende “de los tiempos políticos”, dice Sanipatín.

¿Mientras tanto qué se puede hacer? Las iniciativas comunitarias son una opción, como los grupos de apoyo a sobrevivientes de violencia sexual. Lorena Campo dice que los colegios y universidades también podrían elaborar planes de prevención y de atención. De todas maneras, como menciona Gabriela Salazar, debe haber “grupos de apoyo fáciles de ubicar”, en especial para supervivientes.

Y aunque se cree que no es de ayuda, escuchar y hablar con la persona que está pensando en suicidarse –sin juicios ni presiones– puede hacer que considere otras opciones de afrontar su situación. “Siento que la luz vino cuando hablé con un tío mío que trabajaba como consejero voluntario en el Teléfono Amigo… me preguntó ‘dime qué te molestaba, por qué te has sentido mal’…”, recuerda Francisco. Esa conversación se dio meses después de su ida al hospital por las lesiones que se hizo. “Fue la primera vez que empecé a verbalizar todos los males que tenía”, continúa, “la solución concreta fue poner ese malestar en palabras…”.
El tío de Francisco le recomendó escribir, llevar un diario, porque no podía asegurarle que iban a seguir conversando. Ya son 14 años de eso y, cuando pasa momentos “duros, grises”, recurre a su diario.

Otras maneras de acercarse respetuosamente son: mantener la confidencialidad, respetar el ritmo de la persona y ofrecerle opciones “viables y razonables, dependiendo de la personalidad del sujeto”, dice Gabriela Salazar.
De cualquier manera, hablar sirve mucho. Empezar a conversar del suicidio lo hace visible y así se puede detectar y actuar a tiempo cuando alguien lo está pensando. Lorena Campo ha estado cerca de familiares supervivientes y dice que “el 100%, no el 98, no el 99, dicen que no se dieron cuenta que su familiar pensaba en suicidarse… Estas personas, si habrían escuchado alguna expresión en este sentido, habrían hecho algo”.

Evelyn, con el paso del tiempo, ha retomado las cosas que más le gustan: danza, hace macetas, teje, elabora jabones artesanales, da talleres de educación ambiental, pinta; y en su casa tiene una pequeña huerta y sus perras. Su taller es como un laboratorio de todo tipo de experimentos, por eso no me extraña que su hijo menor revuelva telas de disfraces y deje en ellas los pelos blancos de una de las mascotas. Le pregunto si después del internamiento quería retomar su ritmo de vida, “¡no!, quería tener una vida diferente”.

Reportaje publicado originalmente en: La tecla-R

Última modificación: 28 de octubre de 2019 a las 19:01

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