Libre: asesoría legal para mujeres

Entrevista a Ana Vera, Directora de Surkuna


La Periódica

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador estima que, en el país, ocurren aproximadamente 87.000 embarazos no intencionados por año. De esta cifra, el 53%, es decir 46.000 casos, concluyen en abortos que se practican en un contexto de ilegalidad.

En el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano se establece que el aborto está permitido en dos casos: cuando la salud o la vida de la mujer corre peligro no evitable por otros medios, y cuando el embarazo ha sido producto de una violación a una mujer con discapacidad mental; en cualquier otra circunstancia está prohibido y se castiga con una pena de uno a tres años de cárcel para quienes lo hacen, y una condena de seis meses a dos años para las mujeres que permitan que se les realice un aborto o se lo causen.

SURKUNA —una organización no gubernamental jurídica feminista, conformada por mujeres y hombres, profesionales y activistas que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos en el Ecuador— presentó la línea telefónica de asesoría legal gratuita LIBRE (099-992-8032), creada con la finalidad de brindar información que impida la criminalización, garantizando el acceso de las mujeres a asesoría legal y defensas técnicas, evitando violaciones al debido proceso en casos de denuncias derivadas de complicaciones por aborto o parto.

La línea LIBRE se lanzó el pasado 27 de septiembre como parte de la lucha histórica por garantizar que las mujeres ejerzan su derecho a decidir sin ser juzgadas ni criminalizadas por ello. Para conocer más acerca del tema, La Periódica conversó con Ana Vera, Directora Ejecutiva de SURKUNA.

¿Cómo explicar el fenómeno criminalización a las mujeres por abortar?

Para hablar de este tema, se debe distinguir entre varios aspectos. El primero, la existencia de una ley que criminaliza las decisiones de las mujeres sobre su vida reproductiva, esto a través de lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), donde se tipifican los delitos, y se establece que el aborto consentido es un delito.

El hecho de que el aborto sea un delito tiene varias implicaciones a nivel social, jurídico y de salud. Existe todo un estigma frente al tema, considerando que siempre que se practica un aborto hay ilegalidad. Sin embargo, lo anterior contradice lo expuesto en la legislación, ya que existen causales de aborto legal que pueden ser bastante amplias, pero que por el mismo estigma son interpretadas restrictivamente por el sistema de salud, dando como resultado el negar abortos legales a las mujeres, violando sus derechos humanos.

Además, las mujeres pueden tener complicaciones derivadas del aborto que son bastante frecuentes, atenderlas es una obligación de los profesionales de salud, y deben hacerlo garantizando el derecho a la salud y a la confidencialidad de sus pacientes.

El segundo aspecto se relaciona con la práctica concreta de las mujeres, de ejercer sus derechos más allá de toda normativa, mostrando efectivamente la inutilidad de la ley que criminaliza. No obstante, la falta de legalidad causa que las mujeres, principalmente las más jóvenes y empobrecidas, estén expuestas a bajos estándares sanitarios y exponiendo a un mayor riesgo su vida, siendo esta la causa del 15,6% de muertes maternas registradas en Ecuador. La mayoría de estas ocurren en zonas rurales o urbano marginales empobrecidas. No obstante, se ha comprobado que la realización de un aborto en condiciones seguras e higiénicas, genera muy pocos riesgos para la salud y vida de las mujeres.

En nuestro país existe la evidencia de que la criminalización expone la vida y la salud de las mujeres, no obstante, el Estado hace caso omiso a sus obligaciones internacionales y no toma las medidas necesarias para garantizar condiciones adecuadas para las mujeres que deciden abortar, y, de esta forma, las somete a una vulneración de sus derechos.

El tercer aspecto es la persecución penal de las mujeres que llegan a los hospitales buscando atención posterior a un aborto provocado o espontáneo. Esto sucede porque a pesar de ser ilegal que los profesionales de salud rompan su secreto profesional y denuncien a las mujeres, motivados por el estigma y el miedo. Esto genera un contexto donde las mujeres que experimentan complicaciones obstétricas retrasan el ir al hospital, pues corren el riesgo de ser denunciadas, investigadas y procesadas.

La persecución penal a las mujeres que acuden a hospitales por complicaciones obstétricas es el aspecto más cruel y violatorio de derechos que trae consigo la criminalización del aborto. De acuerdo con cifras de SURKUNA, más del 70% de las mujeres criminalizadas, lo han sido a causa de procesos espontáneos de aborto y del estigma social de los operadores de justicia.

¿Desde cuándo hay criminalización hacia las mujeres por abortar?

Tenemos registros desde el año 2009, pero los datos que existen han sido incorrectamente contabilizados como para poder dar cuenta sobre la problemática en ese momento. En 2013, se mejoró las bases de datos, y es a partir de este año que tenemos registro de criminalización a mujeres por abortar. De acuerdo con nuestras estadísticas, en los años 2014 y 2015, se registró una incremento en el número de casos, cifra que asciende a 139 mujeres criminalizadas por esta causa.

Hasta enero de 2018 se registró a 326 mujeres procesadas penalmente por temas de aborto. El 70% de ellas son jóvenes de hasta 19 años de edad; el 100% son empobrecidas, y hay una gran proporción que proviene de pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes. Esto evidencia la fuerte relación entre el acceso a recursos sociales, culturales y económicos y las consecuencias que tiene un aborto espontáneo o provocado en la vida de las mujeres; también muestra que la criminalización del aborto es un tema de injusticia social, pues afecta de manera desproporcionada a las diversas mujeres según sus condiciones de vida.

¿En algún momento se vuelve más intensa esta persecución a las mujeres?

Lo que hemos logrado estudiar, a partir de tomar testimonios y entrevistas, es que la criminalización de mujeres por aborto empieza a partir del debate del COIP. Al plantearse claramente que el aborto es un delito, hubo, dentro del sistema de salud, toda una inquietud de lo que sus actores deben hacer frente a los abortos en curso que reciben. Luego, ellos ligan este debate con el que existe sobre la mala práctica médica profesional y comienzan a denunciar a las mujeres con el objetivo de protegerse de ser denunciados por una mala práctica.

El razonamiento que hacen es que si llega una mujer complicada, y luego fallece, ellos pueden ser acusados.

La denuncia es una forma de poner en conocimiento de las autoridades que la mujer ya tenía el útero manipulado y que, por tanto, ellos no serían los responsables de lo que le pudiera suceder. Creen que se protegen, pero en realidad se exponen, pues al denunciar a las mujeres están cometiendo el delito de Revelación de Secreto, establecido en el artículo 179 de COIP. Sin embargo, hay demasiado desconocimiento respecto a esto.

Justamente, haciendo esta lectura de cómo el secreto profesional prima sobre la opción de denuncia, es que el Ministerio de Salud promulga varios reglamentos, acuerdos ministeriales y disposiciones que dicen que “los profesionales de la salud no deben denunciar a las mujeres que llegan con abortos en curso, diferidos y recurrentes, sino atenderlas de manera integral”, y señalan la obligación que sí tienen de denunciar los casos de violencia sexual y de género.

Sin embargo, esto no ha sido suficientemente socializado. El Estado tiene responsabilidad sobre la vulneración de derechos que deriva de estos actos, al punto que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en el año 2015, recomienda como parte de sus obligaciones internacionales que se “respete la obligación de confidencialidad en el sistema de atención de salud y apruebe protocolos, y establezca cursos de derechos humanos para quienes prestan servicios de salud respecto de su obligación de respetar la privacidad y confidencialidad de las mujeres que acuden a servicios de salud reproductiva y sexual”.

¿Quiénes son los que denuncian? ¿Por qué las denuncian?

Los principales denunciantes son los servicios de salud, sobre todo los públicos; en los privados, casi no se registran denuncias. Esto ocurre por el mal entendimiento de las obligaciones que tienen frente a este tipo de casos; como lo que ocurrió con Lisa.

Lisa [1] tiene 19 años, trabajaba vendiendo refrescos. Era pareja de un hombre de 35 años, dueño de varias empresas alrededor de la zona en donde ella laboraba. Él la presionó para que abortara cuando se enteró de que estaba embarazada, le dijo que si ella no abortaba, él la iba abandonar y que ella no podría criar un niño, que él tenía otra pareja.

Ella tuvo una emergencia obstétrica en la mañana siguiente. Mientras ella se encontraba trabajando, comenzó a sangrar, y la gente viendo que se desmayó y sangraba, llamó a la ambulancia.

Los paramédicos le hicieron un primer control y, en seguida, llegó la Policía, llamada por la persona que la atendió. Lisa llegó al hospital con custodia policial, y allí le hicieron los análisis y limpiezas necesarias, la dejaron interna durante cinco días.

Durante ese periodo, llegó la Fiscalía, quiso tomar muestras de sangre sin respetar sus derechos, le pidieron su versión, pero nosotras estuvimos allí y no permitimos que se haga nada de esto. Realizaron la audiencia de juicio en el hospital, estando ella todavía muy débil de salud, le pusieron medidas alternativas, y después salió; siguió la investigación penal. Finalmente, logramos que la investigación se archive y quedó ahí el caso.

Lo que hemos registrado también, es que muchas mujeres fueron criminalizadas y procesadas por un aborto espontáneo, ya que no existe ninguna prueba de que ellas se lo hayan practicado voluntariamente, sino que llegaron con un sangrado y los galenos las denunciaron, como pasó con Elena:

Elena, mujer esmeraldeña de 23 años, laboró en un sitio de internet y le pagaban 50 centavos por asesoría; su horario de trabajo era de 7 am a 8 pm. Ella tenía un hijo de un año de edad que tenía discapacidad mental, además, su madre era esquizofrénica. Los dos se encuentran a su cuidado.

Un día, cuando discutió con su madre, sufrió una caída, y a causa de esta, tuvo un aborto espontáneo. Empezó a sangrar y pensó que no era nada, se colocó una toalla higiénica, se tomó un ibuprofeno y se fue a su trabajo. El fin de semana siguió con el sangrado, pero el lunes se levantó con mucha fiebre y se sintió muy mal; fue al hospital para mirar qué le sucedió. Allí la recibió la obstetra, la chequeó y le pidió que espere un momento, dejó la sala y regresó con la Policía.

Elena ni siquiera sabía que estaba embarazada, menos que sufría un proceso de aborto, lo cual se enteró allí, frente a la Policía. Les comentó que ella no hizo nada, pero de todas maneras se comenzó el procesamiento. Realizaron la audiencia en el hospital y, posteriormente, le practicaron un legrado. Inmediatamente después la llevaron a la cárcel sin ni siquiera permitir que le suministren los medicamentos para el dolor.

Pasó cuatro meses en prisión preventiva, y después logramos que salga y pueda estar al cuidado de su hijo y su madre. Un mes después fue declarada inocente porque no existían pruebas en su contra. Lo único que tenía Fiscalía como prueba era una hoja bajada del internet sobre misoprostol.

¿Cuántas mujeres están siendo criminalizadas? ¿Cómo se lleva el Proceso?

Las mujeres llegan con complicaciones por un aborto en curso a una casa de salud, los servidores, antes de brindar atención, llaman a la Policía. La mayoría de veces, tienen a las mujeres esperando por varias horas antes de brindarles atención, a la espera de que lleguen los peritos y el Fiscal a cargo del caso para que autorice la el servicio médico. Esto se considera tortura y es una grave violación a los derechos de las mujeres.

Posterior a recibir atención médica, las mujeres quedan bajo custodia policial. Muchas veces se realiza la audiencia de formulación de cargos en la misma entidad de salud. En la mayor parte de casos, las mujeres permanecen hospitalizadas por algunos días. Si se dictaminó prisión preventiva, son llevadas inmediatamente a la cárcel; en caso de acceder a medidas alternativas, salen en libertad, pero tienen que acercarse a firmar a Fiscalía y continuar con el proceso penal abierto.

En el Ecuador, gran parte de estas mujeres criminalizadas, procesadas y sentenciadas por aborto, terminan acogiéndose a una suspensión condicional de la pena, recurso que permite que las sentenciadas no vayan a la cárcel, sino que realicen un tipo de trabajo comunitario. Sin embargo, estos trabajos son sexistas, y lo que buscan es reforzar el rol materno. El sistema judicial parte de una lectura en la cual, las mujeres que han abortado están rompiendo su rol social de ser madres, y por esta razón, las ponen a cuidar niños en orfanatos, por ejemplo, lo cual es absolutamente violatorio de los derechos humanos y constituye una pena estereotipada.

¿En que aportará la línea? ¿Qué es lo que motivó su creación?

La idea de la línea LIBRE es brindar asesoría legal a las mujeres que estén viviendo cualquiera de las situaciones descritas anteriormente. LIBRE va a tener un rol de prevención de las denuncias de mujeres por aborto, se dará información tanto a profesionales de la salud, como a familiares y a mujeres sobre cómo se puede evitar ser criminalizada por un aborto. También, se receptarán casos y se brindará asesoría para que las mujeres sepan cómo actuar, ya que se conoce que, aunque una mujer no se haya provocado un aborto y esté en el hospital asustada y sangrando, los peritos llegan y realizan varias pruebas, y las mujeres no saben muy bien cómo actuar. Además, LIBRE brindará defensas legales gratuitas para las mujeres que estén siendo criminalizadas por aborto.

¿Tiene algún impacto social la línea telefónica LIBRE?

Con LIBRE, buscamos brindar a las mujeres un servicio comprometido con sus derechos, que garantice el debido proceso, desde un enfoque de derechos y de género, y que se garantice que las mujeres puedan tener la mejor defensa legal posible.

La línea puede contribuir a la disminución del número de casos criminalizados porque va a permitir que se visibilicen las cosas que no se deben hacer, y la necesidad de que las mismas no se permitan desde el Estado. LIBRE busca reducir el estigma, el prejuicio social que existe en relación con el aborto y sobre las mujeres que se lo han practicado, y ayudar, a la vez, a que ellas enfrenten procesos justos y que no sigan siendo condenadas por sus decisiones reproductivas.

La línea, es una herramienta creada para que las mujeres en Ecuador ejerzan sus derechos a la información, salud, libertad, autonomía, privacidad y seguridad, a ser libres de tratos crueles e inhumanos.

[1] Los nombres utilizados para describir los casos, han sido sustituidos para precautelar la seguridad de las mujeres.

Última modificación: 11 de octubre de 2018 a las 11:03

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