La imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes (población mayoritariamente afectada por este tipo de violencia de género), en un principio, debería servir para que los abusos sexuales, las violaciones, el incesto y otras formas de violencia sexual –reconocidas por las Naciones Unidas como formas de tortura y, por lo tanto, crímenes de lesa humanidad– puedan ser denunciadas por las y los sobrevivientes tiempo después de haber sufrido uno o varios eventos traumáticos como los abusos sexuales en la infancia.
Un panorama desalentador
Es obvio que casi nadie se opone al SÍ en esta pregunta; a excepción de unos cuantos por fidelidad a la línea correista. Sin embargo, hay varios puntos urgentes que vale aclarar y preguntarnos -lejos del entramado jurídico–.
Frente a la realidad de la violencia sexual el panorama ecuatoriano es de los más desalentadores. Las cifras, que repetimos una y otra vez por no haber algo más actualizado, dicen que 4 de cada 10 mujeres han sufrido violencia sexual. Se sabe, esto es un subregistro. El estigma sobre víctimas y sobrevivientes, la impunidad en el sistema judicial, el encubrimiento familiar y social, la negligencia del Estado, y muchos otros factores, impiden que más personas puedan hablarlo o denunciarlo. Más del 80% de los delitos sexuales se perpetran en los entornos más íntimos de las víctimas. Y no hay datos actualizados accesibles y públicos por edad, sexo, etnia, estrato económico, formación escolar, entorno donde se perpetró el hecho de violencia sexual y al que pertenece quien abusó o violó. Con esa información tendríamos una mínima idea de por dónde va esta gran problemática; tanto es así, que en octubre del año pasado el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones al Estado ecuatoriano, pidió que se implemente un sistema actualizado de datos sobre las violencias a niñas, niños y adolescentes.
¿Por qué ahora sí le interesa a la política partidista el abuso sexual infantil? ¿Por qué, hace un par de años todavía se protegía a violadores y abusadores sexuales con sentencia en mano? Están Jorge Heriberto Glas Viejó, dos hombres protegidos por las firmas de “honorabilidad” de las ahora asambleísta Gabriela Rivadeneira y ministra de justicia Rosana Alvarado, está la negligencia el ex-ministro de educación Augusto Espinosa y el testimonio de Anne Malherbe a favor de un profesor sentenciado. Y, seguramente, están muchos más que fueron protegidos, sobreseídos, absueltos o indultados gracias a todos los gobiernos anteriores. Al Estado ecuatoriano nunca le importó la realidad de víctimas y sobrevivientes, la de sus familias, cuidadores (que no abusaron) y sus seres queridos. Ahora, el que menos, quiere ganar popularidad mediática, para botón: Dalo Bucarám y el abogado Pedro Granja (bien suelto de opiniones antifeministas en su cuenta de Tuiter), ni hablar de Jaime Nebot que cree que hacer justicia es hacer públicos los nombres y rostros de los presuntos violadores o abusadores. Y, pese a la extensa lista de protocolos, planes y campañas –que ya existen y no han funcionado– contra el abuso sexual infantil (ASI) y la violencia sexual, pese a la omisión, negligencia y encubrimiento, no se puede dejar pasar que los delitos sexuales sean imprescriptibles.
La imprescriptibilidad es un paso importante, pero no lo es todo
La prevención y atención permanentes hacia víctimas y sobrevivientes de ASI, violación, incesto y otros tipos de violencia sexual es una deuda histórica de la sociedad y el Estado ecuatoriano. Sería maravilloso que “Votando SÍ en la pregunta cuatro, salvaremos a nuestros hijos del abuso”, como dicen los memes de la corriente morenista de AP. La imprescriptibilidad es un paso importante pero no lo es todo. Hace falta un gran programa integral nacional de prevención del ASI, porque este es un problema que nos involucra a todas y todos: familias, centros de estudio y trabajo, barrios, organizaciones sociales, grupos religiosos, lugares y personas vinculadas al deporte, las artes u otras actividades recreativas.
“Estos son crímenes donde las víctimas no tienen cómo comprender las vivencias en las que se han visto involucradas. Los niños entienden la ternura, pero no tienen cómo leer lo sexual-adulto ni cómo defenderse ante esa confusión, y aun para adolescentes, si el terror de ese sufrimiento está instalado, la parálisis será similar. Si no existen las condiciones para comprender que se trató de un crimen, no se puede elaborar un relato, y sin relato no hay denuncia. Las víctimas necesitan tiempo para elaborar una denuncia. Negarles eso es negar el derecho a justicia.”
Vinka Jackson [1]
El nivel de participación social implica –a grandes rasgos– que adultas y adultos que cuidan y están cerca de niñas, niños y adolescentes sepan cómo cuidarlos apropiadamente. Por lo general, en los casos de ASI, violación, incesto y otras formas de violencia sexual, suele haber descuido, negligencia, malos tratos o abandono. Todavía no está claro que hay que cuidar a los seres más vulnerables, que no se pueden proveer autónomamente de las necesidades vitales más básicas. Hay quienes reclaman “¿por qué no lo dijeron antes?”, la cita de Vinka Jackson lo clarifica; a esto hay sumar que, muchas veces, quienes debían cuidar a esa niña, niño o adolescente fueron quienes los abusaron. En otros casos, si pudieron mostrar o decir algo, no les creyeron o encubrieron a las personas perpetradoras.
Las instituciones no se quedan atrás: con pruebas técnicas jueces o fiscales absuelven a hombres que violaron o abusaron; las directivas y el profesorado de escuelas, colegios y universidades desacreditan a las víctimas y protegen a abusadores; y en la Iglesia, por encima de todas las instituciones, reina el silencio, su mensaje es: no existe el ASI. Basta ver sentencias absolutorias, casos archivados, escuchar los rumores en los centros de estudio o empezar a preguntarse por la niña o el niño que con muchísimo malestar ya no quiere ir a catequesis.
Es muy importante conocer que quien abusa o viola irrespeta el límite más importante de toda persona: la integridad de su cuerpo, su subjetividad, la comprensión de la realidad, el relacionamiento con sus entornos y más condiciones para una infancia, adolescencia y adultez de bienestar. Porque lo que logra un abuso, una violación o un incesto, es el colapso de las estructuras del yo; dependiendo de la cercanía del perpetrador, la frecuencia, el nivel de violencia, la forma de actuación de las personas adultas a cargo de la niña, niño o adolescente, y mucho más factores que condicionan la permanencia del trauma o la recuperación frente al mismo.
La pregunta 4 podría ser el inicio para la sensibilización y planificación de medidas reales
Tenemos mucho que trabajar y conocer para prevenir y actuar contra todas las formas de violencia sexual; y con en el plural debemos estar organizaciones sociales, colectivos y personas que acompañamos a sobrevivientes y víctimas. Una pequeña reforma jurídica y un par de campañas no bastan; ahora es el ‘boom’ pero esta realidad solo decrecerá con una participación activa del tejido social y con otras políticas estatales de corto, mediano y largo plazo. Es posible que el entramado jurídico empiece a conocer y comprender profundamente la realidad de la violencia sexual, de las víctimas y sobrevivientes. Y aquí hay un punto imposible de obviar: las organizaciones de mujeres y feministas ya han elaborado aportes, reflexiones y procesos que deben ser incluidos en la construcción de la prevención y atención real del abuso sexual infantil. Por eso, la pregunta 4 podría ser el inicio para la sensibilización y planificación de medidas reales -valga la reiteración–frente al ASI o tan solo ser un par de artículos muy llamativos de la ley ecuatoriana.
[1] Revista Paula, “La cruzada de Vinka y James”, 5 de noviembre de 2016 (http://vinkajackson.com/prensa/la-cruzada-vinka-james/). Vinka Jackson es psicóloga infantil, sobreviviente de incesto, promotora de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en Chile, junto al cirujano James Hamilton y otros sobrevivientes de abusos sexuales del sacerdote Karadima.
Publicado en Revista R, Revista para un debate político socialista, Segunda época, año 1, número 1. Páginas: 11-14.
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